- un día
La dictadura del libertador
Actualizado: 23 sept 2020
Por: Sebastián Mejía, 12°
En 1991, al finalizar la reforma constituyente que se llevó a cabo, Colombia se convirtió en un Estado Social de Derecho. Esto significa que “todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos” (http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=97#:~:text=Se%20refiere%20al%20principio%20de,las%20normas%20y%20los%20principios)
A pesar de los avances políticos y económicos en el país (hubo un aumento en el Producto Interno Bruto, gracias a una “estructura macroeconómica sólida”, según el Banco Mundial), en términos del conflicto y la prosperidad social, aún nos queda mucho camino por recorrer.
Debido a la pandemia, hemos entrado a una crisis. El Co-Vid ha afectado la economía, la salud y el empleo; la desigualdad social está entre las más altas de Latinoamérica y el país se encuentra sublevado por una oleada de masacres. Muchos colombianos le atribuyen los cambios positivos a la labor ejecutiva del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien con mano firme logró debilitar a las Farc. Incluso, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, se atrevió a compararlo con Simón Bolívar: “Nos liberó de las cadenas que teníamos y tiene una dimensión histórica”, estableció. Sin embargo, a pesar del corcel y la armadura que le han puesto sus seguidores, el expresidente ha sido acusado de una presunta manipulación de testigos por la Corte Suprema de Justicia. Caso que lo tiene en detención domiciliaria en su finca El Ubérrimo. En los últimos días su proceso ha pasado a la Fiscalía, después de su estratégica renuncia al senado. La Fiscalía, un órgano muy cercano al expresidente debido a la relación del Fiscal Francisco Barbosa con Iván Duque y Álvaro Uribe, pone en peligro la democracia, y el Estado de Derecho establecido por la Constitución.
El caso de Uribe empezó en el 2011, cuando el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda se dedicó a investigar el paramilitarismo en Antioquia. Durante el proceso, entrevistó a los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra. El primero testificó contra Uribe en el 2013, refiriéndose a él como uno de los fundadores del grupo paramilitar Bloque Metro. Después de que Cepeda presentara esta información al Congreso en el año 2014, el senador Uribe acusó a Cepeda de manipulación de testigos, al entregar dos testimonios de exparamilitares frente a la Corte Suprema de Justicia. Estos indicaron que el senador del Polo les había ofrecido beneficios para que declararan en contra de Uribe. En consecuencia, la Corte se embarcó en el proceso de indagatoria. Al interceptar el teléfono del entonces alcalde de Amagá, Wilser Molina, captaron una conversación entre el funcionario y el senador Uribe en la que el expresidente le dice a Molina sobre la condición de los testigos de Uribe en la cárcel: “Hagamos una cosa. Eso sí, hay que pedir ya una intervención de la Procuraduría. A mí me parece muy grave eso. W.M: Sí, presidente, totalmente de acuerdo. A.U.: Muchísimas gracias. Mándeme ya un mensaje con los nombres y eso, ¿sí? Dónde están los unos y los otros.” Algunos días más tarde, Uribe llamó a Molina para lidiar con las acusaciones a Uribe y a su hermano de paramilitarismo. El entonces senador dijo lo siguiente: “¿Y por qué no haces una preguntadita quién es este nuevo testigo al que se refirieron ayer?”. (Los audios completos están en Blu radio https://www.bluradio.com/judicial/las-llamadas-de-uribe-al-alcalde-de-amaga-antioquia-que-investiga-la-corte-170233). Además, en el año 2015, el exparamilitar, Pedro Manuel Benavides
afirmó que el senador Cepeda le ofreció dinero a Alexander Amaya, el cual lo negó.
Estas situaciones llevaron a que la Corte considerara que no tenían suficientes pruebas en contra de Cepeda y los llevó a investigar a Álvaro Uribe en el año 2018. Ese mismo año, el abogado de Uribe, Diego Cadena, se reunió en la cárcel de la Picota con Juan Guillermo Monsalve y le ofreció dos millones de pesos de “ayuda humanitaria” para que cambiara su versión. Monsalve no lo hizo y la Corte se dio cuenta de lo sucedido. Las varias horas de audios presentadas por la Corte vinculan fuertemente a Uribe y a su abogado. Por estas y muchas otras razones ya mencionadas, la Corte decidió imponer la medida de aseguramiento a Uribe mientras finaliza la investigación, ya que consideran que este podría damnificar el proceso en libertad, la Corte teme que, en libertad, manipule testigos.
A pesar de que la defensa de Uribe proclame que no hay suficientes pruebas en contra del expresidente, una de las razones que da la Corte es el modus operandi del expresidente, es decir, su manera de operar en este tipo de casos, pues contra él ya había sido presentada evidencia concreta sobre una manipulación de testigos durante su presidencia en el año 2008. Esto ocurrió cuando la Corte dirigía una investigación a políticos colombianos acusados de tener vínculos con paramilitares y por llegar al poder con dinero del narcotráfico. El escándalo fue denominado parapolítica. En ese entonces, el magistrado auxiliar, Iván Velazquez, investigaba la parapolítica y el presidente Uribe lo acusó de pagar beneficios a testigos para que declararan en contra del mandatario, afirmando que ordenó matar a un paramilitar. La evidencia era una carta que supuestamente estaba escrita por el paramilitar alias Tasmania. Sin embargo, tiempo después, Tasmania afirmó que la carta no había sido escrita por él y que había sido redactada por el entonces abogado de Uribe, Sergio Gónzalez. Además, en el año 2009, la Fiscalía acusó a la Policía Judicial de interceptar los teléfonos del magistrado y de su familia, confirmando que Uribe tenía chuzado a Velázquez.
En medio de todo esto, el país se ahoga en la incertidumbre. Tonos de gris se surten por el Palacio de Justicia. Una justicia que yace bajo la sombra del ejecutivo y su titiritero, “el presidente eterno”, Álvaro Uribe Vélez. Según el director de Human Rights Watch en las Américas, José Miguel Vivanco: “La detención domiciliaria de Uribe es la mayor prueba de fuego para el Estado de Derecho en Colombia en la última década”, una prueba que hasta ahora no sabemos si será superada, pues es desesperanzadora la posición del presidente Iván Duque al condenar a la Corte y afirmar que a Uribe no se le garantizó el derecho de defenderse en libertad.
Queda claro que ese derecho se le ha negado porque la Corte considera que el señor Uribe podría llegar a ser un peligro para la investigación. Sin embargo, la nueva procuradora fue postulada por Duque, así como el Fiscal general, quien ha tomado el caso de Uribe. Ahora que la red de poder judicial y de control, que debe ser imparcial e independiente, está cobijada por la sombra del uribismo, ahora que la democracia se encuentra en peligro debido a la concentración de poder, la corrupción y el fraude: ¿dónde está el Estado de Derecho?
Fuentes: