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La verdad sobre Uribe

Actualizado: sep 23

Por: Sofía Kerpel, 11°


Ex-presidente de la república de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, quién logró estabilizar socialmente al país en términos de seguridad al erradicar gran parte de la guerrilla, y al traer grandes inversionistas internacionales, está siendo enjuiciado por la misma corte suprema de justicia, que liberó al líder de las FARC Jesús Santritch, guerrillero y narcotraficante, gran ironía de la supuesta justicia colombiana. O mejor dicho, una justicia que premia al bandido y condena al que lo persigue.


En este año, la corte suprema de justicia halló culpable a Uribe por delitos de soborno a testigos y fraude procesal, evento que ha generado inconformidad en varios sectores de opinión ya que el proceso en el que se dicta la detención domiciliaria está basado en inferencias contra evidentes.




El caso está construido alrededor de un testigo principal, Juan Guillermo Monsalve, un delincuente condenado a 40 años de cárcel por diferentes delitos, entre ellos, secuestro extorsivo. Este testigo no fue incluido en los procesos de paz ni considerado por la Justicia Especial para la JEP. A muchos juristas les sorprende que la sala de Instrucción no haya dejado que la defensa lo interrogue al ser el testigo principal, violando de esta manera la garantía básica del debido proceso universal. Carlos Vélez, es otro de los testigos, quien ha sido condenado múltiples veces por homicidios, y se le ha encontrado culpable de extorsión y falso testimonio, por lo que nos hace cuestionar si en realidad es un testigo confiable, al no evidenciar pruebas físicas de sus afirmaciones.


Ahora es importante hablar sobre quién presentó la evidencia previamente mencionada, el senador Iván Cepeda, quien registra múltiples visitas a reclusos en Colombia y en Estados Unidos. El senador justificó tales visitas, con la supuesta ayuda humanitaria que busca mejorar las condiciones de reclusión, económicas y personales. Sin embargo, los únicos entrevistados que confirmaron tal ayuda, fueron coincidencialmente los que presentaron testigos en contra de Uribe, tal como Juan Guillermo Monsalve.


Este, no solo ha sido un caso construido a base de testigos cuestionables y sin pruebas contundentes, sino que tampoco se ha llevado a cabo con los debidos protocolos, empezando por el Magistrado al mando, Barceló, quien en contra de la ética profesional ha expresado críticas e inconformidad frente al ex presidente Álvaro Uribe Vélez.


El Magistrado Barceló, junto a su Sala de Casación Penal, siguió su investigación frente al caso, a pesar de que este deber ya le pertenecía a la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Barceló también interceptó de manera ilegal el teléfono de Álvaro Uribe durante el periodo de un mes y dos días, grabando y trasladando al expediente, más de 22,000 llamadas de las cuales no había ni siquiera una en donde Uribe estuviera solicitando un cambio en el testimonio de los testigos a cambio de recompensas. Sin embargo, podemos encontrar los sesgos en la valoración probatoria, al ver como la Corte interpreta tales grabaciones de manera probatoria para el caso contra la defensa. No obstante, el acto de interceptación ilegal es considerado un delito el cual debería ser castigado, aun así, el Magistrado Barceló, salió con total impunidad, al simplemente justificarse diciendo que dicho acto había sido tan solo un error. Como si no fuera poco, muchas de las pruebas presentadas por la defensa, no fueron incluidas en el expediente, tales como el testimonio de Tuso Sierra, en donde habla acerca de las repetidas visitas de Iván Cepeda, quien le ofreció incontables veces beneficios por el intercambio de realizar falsos testimonios en contra de Uribe. Además, la sala irrespetó la reserva del sumario, al filtrar ante la opinión pública selectivamente, partes del procedimiento jurídico descontextualizadas, con el fin de crear prejuzgamientos sociales. Ahora, es importante resaltar que los primeros cinco meses de la investigación, se hicieron sin notificación alguna a la defensa, ello a pesar de las solicitudes que Uribe hizo en los meses de mayo y junio de 2018 ante la Corte acerca de los procesos adelantados en su contra, a los que la Corte se negó y en el transcurso de un mes lo llamó a indagatoria pública.


Finalmente, podemos añadir Presunción de Inocencia en el caso y falta de imparcialidad ya que solo se incluyó en el expediente, inferencias contraevidentes desfavorables para Uribe, omitiendo de esta manera, todo tipo de pruebas a favor de la defensa, e ignorando los delitos cometidos por jueces y por la sala de Instrucción, al violar muchos puntos del protocolo judicial, e ignorando algunas leyes. Así mismo, se realizó una filtración selectiva de evidencia sin contexto alguno para el público. Además, el juez aprobó e incluyó los testimonios dados por cuestionables personajes, lo que nos lleva a preguntarnos por qué no se indagó el pasado y los delitos cometidos por los testigos, información fundamental para validar la veracidad de las pruebas. También se utilizó evidencias ilícitas como las grabaciones de las llamadas desde el teléfono de Uribe, lo cual viola las comunicaciones cliente abogado y periodista fuente. Así mismo, se le privó al acusado defenderse en libertad, lo cual es ilegal ya que apoyándonos en la Ley 600 de 2000, estas medidas sólo se podrán tomar si hay al menos dos indicios que prueben la culpabilidad del acusado, y en este caso no hay ni una sola. Irónicamente, la sala de instrucción en el pasado, le otorgó a el líder guerrillero de las FARC Santrich, el derecho de defenderse en libertad, teniendo en cuenta más de dos pruebas que demostraban su culpabilidad, y es importante resaltar que aquel individuo aprovechó tal situación para escaparse. Mientras que a Uribe, que siempre ha actuado y se ha apoyado en la justicia, sin ningún tipo de riesgo de escape, se le fue prohibido el derecho de defenderse en libertad. En definitiva, se debería publicar el expediente sobre el caso, sin filtración selectiva alguna, para que con total transparencia, el pueblo colombiano y demás público internacional, pueda reevaluar su juicio, con claridad de los hechos y pueda analizar los diferentes testimonios y asumir una opinión crítica personal, en vez de acceder a la información selectiva de los diferentes medios de comunicación y a la suministrada por algunos funcionarios públicos.


En conclusión, podemos ver como apoyándonos en lo previamente mencionado, el caso contra Uribe, más que un acto de justicia, es en realidad un acto de venganza y estrategia, lleno de politiquería. Sin embargo, Uribe tiene el apoyo de innumerables colombianos, quienes salieron a apoyarlo en las caravanas realizadas para expresar la inconformidad ante la injusticia que se estaba cometiendo, y para exigir la libertad de un líder que por lo único que ha luchado es por su honra, su familia, y más que todo por Colombia.





Lo expresado en estos artículos corresponde a la opinión de sus autores, estudiantes de la electiva de Periodismo; no corresponde a una postura institucional.

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